Pide Contraloría mexiquense mayores facultades para castigar faltas
TOLUCA, Edomex., 14 de octubre de 2026.— Durante la ronda de preguntas y respuestas en su comparecencia ante la LXII Legislatura local, la secretaria de la Contraloría del Estado, Hilda Salazar Gil, detalló los alcances y límites de la dependencia para castigar la corrupción, desglosó el estado de las auditorías a obras y programas sociales, y aclaró el complejo proceso de transición tras la extinción del Instituto de Transparencia (Infoem).
Frente a los cuestionamientos de los grupos parlamentarios sobre la aparente falta de castigos, Salazar Gil señaló que la jurisdicción de la dependencia se encuentra dentro del marco de la ley, por lo que urgió a los legisladores a dotarla de mayores facultades jurídicas.
"La Contraloría hace todo este tipo de investigaciones, auditorías, denuncias, pero solamente en faltas no graves. Cuando llegamos a una falta grave, es una atribución del Tribunal de Justicia Administrativa. No contamos con dientes suficientes para poder sancionar faltas no graves; solicito y pido nos puedan ustedes, como legisladores, apoyar con darnos estos dientes para tener mejores resultados", expresó.
Sanciones y denuncias ciudadanas
Pese a las limitaciones jurisdiccionales, la funcionaria estatal informó que en el último año se sancionó a 2 mil 438 personas servidoras públicas, de las cuales la mayoría (2 mil 195) corresponde a personal operativo. El principal motivo de sanción fue la omisión en la presentación de la declaración patrimonial.
El saldo de estos castigos se tradujo en mil 365 amonestaciones, 470 suspensiones temporales, 591 inhabilitaciones y 12 destituciones.
En cuanto a la participación ciudadana, explicó que la dependencia recibió 21 mil 727 denuncias. Entre los motivos más recurrentes destacan el abuso de funciones (7 mil 525 reportes) y el incumplimiento de responsabilidades (5 mil 289). No obstante, precisó que 6 mil 774 denuncias tuvieron que ser desechadas por falta de elementos probatorios.
"Es importante señalar que la denuncia no significa que se haya comprobado una falta. Cada caso debe investigarse conforme a la ley, respetando los derechos de las personas involucradas", puntualizó.
Lupa a obras públicas y programas sociales
En cuanto a la fiscalización de la infraestructura pública, la funcionaria estatal indicó que la Contraloría ejecutó un total de 135 auditorías a obras públicas, de las cuales 263 derivaron en observaciones. Adicionalmente, el laboratorio de análisis de materiales realizó 78 inspecciones físicas a calles pavimentadas, banquetas y puentes peatonales para garantizar la calidad de los materiales pagados con erario estatal.
Asimismo, aseguró que durante el tercer año se practicaron 15 auditorías a ocho programas estratégicos —incluyendo Alimentación Escolar para el Bienestar, Rescate del Campo y Mujeres Científicas—, resultando en 54 observaciones que ya fueron remitidas a las autoridades competentes.
Para blindar estos recursos, destacó el papel de los Comités Ciudadanos, los cuales vigilaron la correcta aplicación de más de 18 millones de pesos en obra pública y garantizaron que los programas sociales llegaran de forma directa, sin condicionamientos, a más de 418 mil beneficiarios.
La transición del Infoem a Transparencia Mexiquense
Por otro lado, tras la reciente extinción del Infoem y la absorción de sus funciones por parte de la Contraloría a través del nuevo órgano desconcentrado denominado Transparencia Mexiquense, que entró en operaciones el pasado 1 de octubre, Salazar Gil aclaró que este cambio obedece a un mandato de ley aprobado por el Congreso, por lo que la dependencia ya instaló una Comisión de Transición integrada por las secretarías de Finanzas, la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor para atender la liquidación del personal del extinto instituto autónomo.
"A través de esta comisión de transición se tiene que ver la liquidación de los trabajadores del extinto Infoem a través de la persona liquidadora que designe la Secretaría de Finanzas, porque la Contraloría no puede finiquitar a personas que no laboraron en el Poder Ejecutivo. En la Contraloría no contamos con recursos para liquidarlos; nos corresponde vigilar que reciban los derechos laborales que tienen de acuerdo a la ley", explicó.
