Los municipios y la transparencia fiscal: un ejemplo a seguir o una excepción
La presidenta municipal María de los Ángeles Zuppa Villegas anunció recientemente el refuerzo de la transparencia fiscal de su administración ante la federación. La noticia, publicada en los medios locales, debería ser motivo de celebración. En un estado donde la opacidad en el manejo de los recursos públicos ha sido más la regla que la excepción, cualquier gesto de apertura cuenta. Pero, como quien ha estado del otro lado de la mesa de auditorías, surge la pregunta: ¿se trata de un cambio estructural o de una declaración de buenas intenciones?
El Estado de México es, por volumen de recursos, una de las entidades más importantes del país. También es, por desgracia, una de las que más ha padecido la desconfianza ciudadana en sus instituciones. Los informes de la Auditoría Superior de la Federación y los propios órganos internos de fiscalización han documentado, año tras año, desvíos, contratos sin licitación, obras inconclusas y programas sociales mal focalizados. En ese contexto, que un municipio como Tepotzotlán, con su peso histórico, turístico y económico, decida abrir sus libros de contabilidad no es un detalle menor. Es, en principio, un acto de responsabilidad.
Pero la transparencia no es un acto de fe, es un proceso técnico, exigible y verificable. Anunciar que se refuerza la transparencia fiscal no es lo mismo que demostrar que los ciudadanos pueden acceder, en tiempo real, a información sobre cómo se gasta cada peso de sus impuestos. No es lo mismo que publicar los contratos de obra pública con sus respectivas licitaciones, montos y avances. No es lo mismo que rendir cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana o ante las mesas de seguimiento que la propia ley establece.
Desde la contraloría mexiquense se aprendió que la opacidad no siempre es un acto deliberado de corrupción, a veces es simple comodidad institucional: es más fácil no publicar, no explicar, no justificar. Es más cómodo gobernar sin rendición de cuentas. Y esa comodidad, cuando se normaliza, se convierte en cultura. Una cultura que, en el Edomex, ha costado décadas construir y que no se revierte con un comunicado de prensa.
Lo que hace falta en Tepotzotlán y en los 125 municipios del estado es un sistema de transparencia fiscal que no dependa de la voluntad del gobierno de turno. Que no sea un gesto de la presidenta municipal, sino una obligación institucional. Que no se limite a cumplir con la ley federal de transparencia, sino que vaya más allá: publique presupuestos desagregados, contratos abiertos, nóminas accesibles, obras georreferenciadas y, lo más importante, canales de denuncia ciudadana que funcionen.
La pregunta que deberían hacerse los habitantes del Estado de México no es si Tepotzotlán es un ejemplo a seguir. La pregunta es por qué, en pleno 2026, todavía necesitamos ejemplos; por qué la transparencia fiscal no es la norma en todos los ayuntamientos, en todas las secretarías, en todas las dependencias estatales. Por qué seguimos aplaudiendo lo que debería ser obligatorio.
María de los Ángeles Zuppa Villegas tiene una oportunidad histórica: convertir a Tepotzotlán en el primer municipio del Edomex donde la rendición de cuentas no sea un anuncio, sino una práctica cotidiana. Pero esa oportunidad solo se materializará si los ciudadanos exigen pruebas, no promesas; si los medios de comunicación monitorean, no solo reportan; y si los órganos de fiscalización estatales y federales auditan con rigor, no con complacencia.
El Estado de México no necesita más ejemplos aislados. Necesita un sistema. Y ese sistema solo se construye cuando dejamos de celebrar la excepción y empezamos a exigir la regla.
