México no puede prohibir el efectivo donde todavía no llega la banca

La nueva Ley de Economía Digital coloca a la banca mexicana frente a una responsabilidad que, desde mi perspectiva, no puede resolver únicamente con aplicaciones móviles, tarjetas y códigos QR. Si el país pretende reducir sustancialmente el uso de efectivo, las instituciones financieras tendrán que demostrar que pueden ofrecer servicios accesibles, confiables y económicamente viables en regiones donde todavía existen, incluso, dificultades para disponer de electricidad, conectividad y servicios bancarios.

Creo que estamos ante una oportunidad importante para modernizar el sistema de pagos, pero también creo que sería un error trasladar el costo de esa transformación a quienes tienen menos capacidad para asumirlo.

El Senado aprobó el 20 de octubre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La legislación contempla una transición gradual y permite que determinados sectores deban aceptar exclusivamente medios electrónicos, conforme a las disposiciones que emitan las autoridades.

Gasolineras y casetas figuran entre las primeras actividades consideradas. Ojo; son sectores con características operativas distintas de las que encontramos en mercados populares, comunidades rurales y pequeños establecimientos. La diferencia importa, ¡y mucho!

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 muestra que 85.2 por ciento de la población adulta utiliza principalmente efectivo para compras de hasta 500 pesos. En operaciones superiores a esa cantidad, la proporción alcanza 73.5 por ciento. La preferencia responde a distintos factores, entre ellos disponibilidad de servicios, hábitos, confianza y costos.

Desde mi óptica, la banca debe analizar esas cifras como una oportunidad de expansión comercial y no solamente como un problema de adopción tecnológica.

Millones de operaciones que actualmente se liquidan en efectivo podrían incorporarse a cuentas, transferencias y sistemas electrónicos. Eso permitiría desarrollar nuevos servicios financieros, mejorar el conocimiento de los clientes y ampliar las posibilidades de financiamiento. Pero la oportunidad tiene costos.

Y es que, una terminal de pago requiere infraestructura, mantenimiento, soporte técnico y condiciones adecuadas de comunicación. Los servicios financieros digitales también necesitan mecanismos para resolver fallas, proteger recursos y atender reclamaciones.

Pensemos en las localidades con conectividad deficiente…una interrupción puede impedir que el comerciante cobre y que el consumidor adquiera productos esenciales. El problema es todavía mayor cuando el establecimiento no dispone de alternativas inmediatas.

La legislación contempla excepciones ante contingencias, pero considero indispensable que su aplicación responda a las condiciones reales de cada región. La continuidad de las operaciones comerciales debe estar por encima de cualquier objetivo estadístico de digitalización.

Y también debemos revisar, por supuesto, el costo que enfrentan los negocios.

Una comisión aparentemente insignificante puede representar una proporción relevante (y definitiva) del margen de una miscelánea, una fonda o un comercio de alimentos. Si además existen costos por dispositivos, mantenimiento o disponibilidad de recursos, aceptar pagos digitales puede resultar menos atractivo que recibir efectivo…incluso fatal.

El sistema financiero necesita ofrecer estructuras de cobro compatibles con operaciones de bajo valor y alta frecuencia. Eso exige competencia, interoperabilidad y modelos comerciales diferentes de los utilizados para atender grandes establecimientos.

Los pagos mediante transferencias inmediatas y códigos QR ofrecen alternativas para reducir costos, aunque su funcionamiento depende de infraestructura, confianza y facilidad de uso. Y claro, la experiencia del cliente también cuenta. Un sistema técnicamente disponible, pero complicado de utilizar, difícilmente sustituirá al efectivo.

Me parece que los grandes bancos tienen capacidad (y la responsabilidad) para ser protagonistas y encabezar esta transformación. Cuentan con recursos tecnológicos, experiencia operativa y posibilidades de inversión que deberían aprovecharse para ampliar la cobertura.

Las instituciones financieras más pequeñas y las empresas tecnológicas también pueden contribuir mediante soluciones especializadas. La competencia puede mejorar precios y servicios, siempre que exista coordinación entre redes y estándares adecuados de seguridad.

El financiamiento de la infraestructura merece una discusión seria. Extender conectividad, instalar dispositivos y garantizar continuidad operativa exige capital. Parte de esas inversiones puede recuperarse mediante nuevos clientes, mayor volumen transaccional y servicios complementarios.

Sin embargo, no todas las regiones ofrecerán la misma rentabilidad privada. En determinados mercados podría justificarse una combinación de inversión empresarial, infraestructura compartida y mecanismos públicos que faciliten conectividad.

El objetivo debería ser ampliar el acceso sin comprometer la sostenibilidad financiera de los proveedores.

También considero fundamental y vital proteger la confianza del usuario. Los fraudes electrónicos, cargos no reconocidos y dificultades para recuperar recursos pueden desalentar la adopción. La seguridad y la atención al cliente forman parte del costo real de digitalizar una economía.

México tiene una oportunidad para incorporar millones de operaciones al sistema financiero, mejorar el acceso al crédito y reducir las limitaciones asociadas al manejo de efectivo, pero esa transformación requiere mucho más que establecer obligaciones legales.

La banca mexicana tiene frente a sí uno de sus mayores mercados potenciales. Su verdadero desafío será demostrar que puede atenderlo con servicios accesibles, infraestructura confiable y costos que no terminen excluyendo a quienes pretende incorporar.