Mujeres Ciudadanas/Fabiola Sierra

LEGISLAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

A lo largo de la historia, México ha firmado diferentes documentos cuya finalidad es la de eliminar todas las formas existentes de discriminación y violencia contra la mujer, así como promover la igualdad entre los géneros y la participación de las mujeres en todos los ámbitos del poder público.

El término “genero” no es un sinónimo de “mujer”. Cuando hablamos de género nos referimos a un sistema de relaciones sociales que involucra y afecta tanto a hombres como a mujeres; es el distinto significado social que tiene el hecho de ser mujer y hombre en una cultura determinada. En nuestro país, esto ha desarrollado relaciones de desigualdad, exclusión y discriminación contra la mujer en muchas esferas de la vida cotidiana.

Legislar con perspectiva de género es una tarea central en la vía hacia la igualdad sustantiva, con el propósito de lograr una transformación en la forma de concebir las normas y así, visibilizar y eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres desde el espacio legislativo.

La perspectiva de género es multidimensional y requiere del diseño y adopción de diferentes medidas. Podemos tomar como ejemplo el reconocimiento del trabajo no remunerado que las mujeres desarrollan en la esfera doméstica, solo este caso brinda una oportunidad para innovar en una agenda de igualdad que integre cuestiones fiscales, impositivas, de desarrollo productivo y comercial con las tradicionalmente consideradas de carácter social.

Las leyes, políticas públicas y programas estatales pueden producir o reforzar la desigualdad de género sin buscarlo deliberadamente. Por ello, es importante que, durante la elaboración, ejecución y evaluación de cualquier iniciativa pública se analicen sus posibles consecuencias sobre las condiciones de vida de mujeres y hombres.

Cuando hablo de igualdad de género, me refiero al goce pleno de los derechos por parte de hombres y mujeres de diferente origen étnico, social o religioso; implica que tanto sus necesidades como sus comportamientos y aspiraciones sean reconocidos de modo similar. En este orden de ideas, no habrá igualdad de género si las mujeres no gozan de autonomía, por lo que resulta indispensable adoptar medidas legales y políticas que favorezcan el acceso a las oportunidades, los recursos y el reconocimiento social, asegurando así la igualdad real.

Si partimos de reconocer que el desarrollo sostenible con equidad social requiere situar a las mujeres y los hombres en pie de igualdad, podremos coincidir que la adopción de un enfoque de género en el quehacer legislativo tiene muchas ventajas para todos como sociedad:1. Aumenta la representatividad, porque se reconocen los derechos de mujeres y hombres.2. Contribuye a una gestión no sólo más eficaz, sino también más eficiente, porque se valoran los efectos de las medidas legislativas en relaciones de género.3. Favorece una mayor idoneidad técnica, porque se conoce la perspectiva de género y se incorpora en la elaboración y la discusión de medidas legales.4. Contribuye a la calidad institucional, porque favorece el diálogo y la rendición de cuentas ante la sociedad civil y sus organizaciones.5. Al hacerse más justa la distribución de recursos entre hombres y mujeres, decrece la transmisiónintergeneracional de la pobreza.

El Poder Legislativo tiene la función de elaborar propuestas, debatir y sancionar leyes, revisar y aprobar el presupuesto público. Las consecuencias de la actividad legislativa sobre los recursos y las oportunidades de las mujeres y los hombres nunca son neutras. La consideración de equidad de género en el proceso de elaboración de las leyes constituye un compromiso con el desarrollo humano y la igualdad social.

Por estas y muchas razones más, las Mujeres Ciudadanas hacemos un llamado para que las leyes y los presupuestos fomenten la equidad de género y al mismo tiempo que los legisladores conozcan mejor el valor de esta visión y adquieran las aptitudes necesarias para promoverla. Porque insisto, la igualdad de género no es un “asunto de mujeres” sino una dimensión fundamental del desarrollo, que implica un proceso de transformación social y cultural que hoy México necesita más que nunca.