Calientan la plaza a Sheinbaum

·        Preguntas, no dudas, sobre atentados

·        Inteligencia, no espionaje, dice AMLO

·        Gustavo Madero encarecerá medicinas

·        Gobierno desampara las aerolíneas

En pleno invierno, finalmente aprendió que hubo dentro de mi: un verano invencible.

Albert Camus, Ensayista francés.

 
Víctor Sánchez Baños

 
El atentado que sufrió el viernes pasado el jefe de la policía Omar García Harfuch, deja muchas preguntas que inquietan la estabilidad de 9 millones de habitantes de la Ciudad de México, así como de más de 5 millones de población flotante. ¿Esos 14 millones de personas están en riesgo, de cualquier índole, en la guerra de cárteles de crimen organizado?

El mensaje que manda el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es contradictorio. Por un lado, afirma que “tenemos miedo, pero no somos cobardes”; impulsa la inteligencia para prevenir. Por otro, dice no nos vamos dejar intimidad.  “Que quede claro, nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie… no se van a provocar masacres”.

Ese servicio de inteligencia que está en manos de Audomaro Martínez Zapata, un experimentado general de división, retirado, especialista en grupos subversivos y guerrilla urbana, había alertado de un atentado de alto impacto en contra de cuatro personajes, incluido el mismo Audomaro.

Además, estaban el secretario de Relacione Exteriores, Marcelo Ebrard; el director de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, y García Harfuch. Cada uno de ellos representa un interés especial del Estado Mexicano.

Ebrard es una de las tres cartas de López Obrador, para la sucesión presidencial del 2024, al lado de Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal. Además, es la pieza clave que influye en materialmente toda la administración pública de la Cuarta Transformación. Santiago Nieto, es quien afecta los intereses económicos del crimen y Audomaro, quien cuenta con toda la información para atrapar a quienes pongan en jaque al gobierno y pueblo de México. Son piezas claves, por ende, del Estado Mexicano.

Atentar contra García Harfuch tiene varias aristas importantes. Es querido por casi toda la clase política nacional. Es un cachorro del área más querida del Ejército Mexicano. Su abuelo, el general Marcelino García Barragán, fue gobernador de Jalisco en el gobierno de Manuel Ávila Camacho, y secretario de Defensa, con Gustavo Díaz Ordaz. Tuvo fricciones con el secretario de Gobernación y después presidente, Luis Echeverría Álvarez, al no obedecerlo; LEA buscaba una solución total de opositores, para tener el control total del país. El padre de Omar, fue Javier García Paniagua, líder del PRI, jefe de la policía de la capital del país, senador en el sexenio de Echeverría, secretario de la Reforma Agraria y del Trabajo. Además, fue aspirante a la Presidencia de la República en 1981; el candidato fue Miguel de la Madrid, por el PRI.

En entrevistas con especialistas en seguridad nacional, asaltan preguntas sobre lo que pasará tras este atentado contra García Harfuch.

¿Atacarán, como creen en inteligencia militar, lugares públicos? ¿Quiénes más están en la lista de objetivos de los grupos que pretenden inestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿La gobernadora no estaba en la lista? ¿Están a salvo los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Se acabaron los abrazos (de los malos contra el Gobierno)? Las armas usadas como los Barrets, son de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos, ¿para conocer quienes las tienen, por la huella de las armas, hablaron de la cancillería de México con el Departamento de Estado de Estados Unidos el viernes? ¿Por qué inteligencia encontró en cuestión de unas horas las células de CJNG y no lo hizo antes del atentado?

Estas son algunas de las interrogantes sobre ese atentado que segó la vida de dos guardaespaldas de Omar y una pobre mujer que desafortunadamente pasaba por el lugar. No se trata de dudas, sino de preguntas que quizá el mismo gobierno no tenga las respuestas.

Poderosos Caballeros: Repentinamente, en el proyecto de dictamen que presentará el senador Gustavo Madero, del PAN, a nombre de la comisión de Salud de la Cámara Alta, ampliará 8 años más de los 20 que se tienen aprobados materialmente en México y el mundo, la protección a las patentes de medicinas. Esto provocará que muchos medicamentos no estén al alcance de los más pobres. Resulta extraño el cambio de opinión del chihuahuense, quien aspira a la gubernatura de su estado, ya que en una semana de un No paso a un Si, a apoyar a farmacéuticas extranjeras. Son suficientes 20 años para recuperar gran parte de las inversiones para investigación. La salud debe estar al alcance de todos. Mañana veremos en el Senado, de qué lado masca la iguana. *** Delta, propietaria del 36.2 por ciento del capital accionario de Aeroméxico, dio a conocer que debido a la crisis financiera que embarga a todas las aerolíneas del mundo, no inyectará capital a la mexicana. Esto, pese a que tuvo apoyo del Gobierno de los Estados Unidos. Seguirá como accionista de la empresa que preside Andrés Conesa, aunque se estima que la flota de aviones que tiene podría disminuir un 20 por ciento, debido a que disminuyeron sus corridas y la cantidad de pasajeros. El turismo, fundamentalmente, no se incrementará notablemente en los próximos 24 meses y esto lleva a la recomposición de sus estrategias de crecimiento, al tiempo que van a redimensionarse. Esto implica recortes de personal y el arrendamiento de aeronaves. Al final, el Gobierno desampara esas empresas que generan empleo, turismo y negocios.

Responsabilidad Social Corporativa: Causa Natura, organización que promueve la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas en favor de los recursos sustentables, al mando de Eduardo Rolón, presentó el Índice de Efectividad en Inspección y Vigilancia que ofrece un panorama general sobre los esfuerzos que se han hecho y los resultados obtenidos en el combate a la pesca ilegal en cada estado del país del 2013 al 2018, identificando aquellas entidades en las que es necesario redoblar esfuerzos para evitar esta actividad ilícita. El índice destaca que los cuatros estados más constantes en número de acciones y eficacia durante el periodo evaluado son Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, en contraste con Guerrero y Tabasco, que son los estados que destinaron un menor número de recursos al combate a la pesca ilegal.

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