TOLUCA, Edoméx, 7 de noviembre de 2016.- Entrevistado al término de la presentación del libro “El juez de la víctima, por su dignificación y reparación del daño” del abogado Gabriel Vicente Farfán Rivera, el especialista en el tema y presentador del libro, José Neira García, dijo que el Estado de Derecho se ha violentado en exceso.

Lo anterior, explicó, por las inconsistencias que el propio sistema ha generado, ya que no hay persecución de los delitos, sobre todo en el de peculado que no está clasificado como grave, aunque debería estarlo ya que cuando se comete hay un daño social y económico, en lo abstracto, para toda la población, subrayó.

“No se le da el seguimiento correcto para poder castigar ese tipo de delitos, sobre todo los denunciados en la Auditoría Superior de la Federación, donde existen infinidad de delitos que no llegan a los juzgadores y por lo tanto no son sancionables y el dinero se perdió y es un dinero de todos, no de una sola persona y no es un dinero del Estado. Es ahí donde hay más responsabilidad de la autoridad y se debe reparar el daño”, acotó el integrante de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México AC.

Para Neira García no es muy difícil clasificar un feminicidio, que no son de paso lo que más debe importarle a la sociedad, sino la gran cantidad de crímenes que se cometen, el volumen total de homicidios, independientemente de cómo los clasifiquen, ya que es una nueva modalidad los femenicidios, con tecnicismos que sólo distraen de lo que verdaderamente importa.

“Es el volumen lo que importa, sean hombres o mujeres. Normalmente no les da seguimiento la autoridad y este gran volumen de asuntos, hace que los otros delitos ya no les pongan atención el Ministerio Público. Les da más prioridad a los delicados, ya no le da prioridad a un accidente de tránsito, ya no le da prioridad a un robo casa habitación, ya no le da prioridad a una persona que le hayan robado su celular, su cartera, vamos un asalto, ya no le darán prioridad los asaltos. Todos esos delitos se diluyen”, acotó.

Para el especialista consultado existe mucha torpeza en las instituciones para abordar, investigar y resolver los delitos.

Sostuvo que para integrar las carpetas de investigación se tiene que pasar por un largo proceso burocrático, el cual genera un tedioso proceso que no siempre concluye en la reparación del daño a la víctima, por eso es tan importante centrarse en ellos y no en los delincuentes.

“Por otro lado, el Estado no te garantiza que no se vuelva a repetir el delito, ni el Estado te garantiza que te van a reparar el daño, entonces, esa gran burocracia es en donde se pierden este tipo de denuncias y eso debe perfeccionarse, pero con políticos honestos; pero como en el caso de la entidad, donde designan a un procurador que nunca a habitado en el Estado de México y que llega de otra entidad federativa, que no conoce los pros y contras del territorio estatal, –dijo– cómo nos va a brindar buena procuración de justicia. Igual sucede con el director de Seguridad Ciudadana, que nos lo envían de otra entidad, que no conoce el territorio y no conoce la realidad local, luego entonces, no podemos esperar buena seguridad. Qué certeza nos da de que va a proteger nuestra seguridad. Ya desde la cúspide empiezan a tener sus deficiencias”, aseguró el abogado José Neira García.

Para el entrevistado, es fundamental saber quiénes son las autoridades que imparten justicia en cada región, que la gente los conozca para que a sus casos les den seguimiento, porque estas autoridades están poco tiempo en el cargo y al concluir su periodo no los volvemos a ver, y todo lo realizado se va al bote de la basura.

Finalmente se le preguntó si todavía en el país hay posibilidades de mejorar las condiciones para que las víctimas tengan reparación del daño, a lo que contestó que ni mis ojos, ni los suyos verán pronto mejoras en este desgastado país.

 

El dato

De acuerdo al Código Penal del Estado de México, el delito de Peculado contemplado en el Artículo 140, se registra cuando:

Comete el delito de peculado, el servidor público que disponga en beneficio propio o indebidamente para terceros con o sin ánimo de lucro, de dinero, rentas, fondos o valores, o sus rendimientos que tenga confiados en razón de su cargo, ya sean del Estado, municipios, organismos auxiliares, empresas de participación municipal mayoritaria, o fideicomisos públicos.

Al que cometa este delito, se le impondrán las siguientes sanciones:

De uno a tres años de prisión y de treinta a setenta y cinco días multa, destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de lo que se haya dispuesto no exceda del equivalente de mil veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde se cometa el delito, o no sea cuantificable; y De tres a diez años de prisión, de setenta y cinco a doscientos días multa, destitución e inhabilitación de seis a veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la o el valor de lo que se haya dispuesto, exceda de mil veces el salario mínimo general vigente en la zona económica donde se cometa el delito.

La disposición de bienes para asegurar su conservación y evitar su destrucción y siempre que se destinen a la función pública, no será sancionada.