Promulgan la “Segunda Declaración de Toluca”

Toluca, Estado de México; 8 de noviembre de 2019.- Bajo la premisa de que no existe actividad pública que no tenga como centro al ser humano y su dignidad, fue emitida la “Segunda Declaración de Toluca” como corolario del 2º Congreso Internacional de Derechos Humanos: Vulnerabilidad humana y crisis institucional, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

La Declaración reúne el pensamiento, la experiencia y la postura de las y los estudiosos, expertos y activistas, mexicanos y extranjeros, que participaron en el Congreso, para establecer que el papel fundamental de las instituciones públicas de hoy es estar en capacidad de construir la resiliencia humana y empoderar a las personas para superar las amenazas que enfrentan en la actualidad.

En los diez puntos del documento, se precisan acciones, pronunciamientos, exhortos y retos alusivos al ejercicio de los derechos humanos frente a las problemáticas generadas por fenómenos como la migración, el feminicidio, la diversidad sexual, la desaparición forzada, la agresión a periodistas, el acceso a la información, el sistema penitenciario, la discriminación hacia las comunidades indígenas, el desplazamiento y la violación a los derechos humanos en los conflictos armados y el papel de las defensorías del pueblo.

La “Segunda Declaración Toluca” tiene su antecedente en la “Declaración de Toluca”, emanada del Primer Congreso Internacional “Derechos Humanos, Estado Constitucional y Democracia: los desafíos en un mundo globalizado”, realizado en 2018, y busca alentar, promover y garantizar la socialización y resignificación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Firmada por el presidente de la Codhem, Jorge Olvera García; el director del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, Guillermo Escobar Roca, y especialistas de instituciones académicas y públicas, la Declaración exalta la necesidad de consolidar normas que integren a los migrantes que transitan por la entidad y permitan su acceso a trabajos lícitos para evitar el menoscabo de sus derechos

La Declaración se pronuncia por la igualdad de género y el abatimiento de paradigmas socio-culturales que perpetúan y reproducen los estereotipos que generan desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres; en materia de feminicidio, exhorta al Estado a generar una política pública que concientice a los agresores sobre las conductas misóginas y machistas, y sus consecuencias.

A favor de la población LGBTTTI, llama a trabajar desde el Poder Público para erradicar la discriminación hacia de ese sector y garantizar sus derechos a la libertad y la igualdad, así como el respeto a su dignidad, mediante el consenso legislativo que permita el reconocimiento jurídico de las uniones de personas del mismo sexo; además, exhorta a las autoridades estatales a erradicar de forma inmediata –con programas y leyes- las terapias de conversión o reconversión de orientación sexual, por atentar contra la integridad física y mental de las personas al utilizar métodos que involucran maltrato físico y psicológico.

La desaparición forzada es un delito y una grave violación a los derechos humanos, por tanto, se insta al Estado mexicano a adoptar con carácter de urgente, medidas de prevención y no repetición para anticipar dicho flagelo; por otra parte, propone instaurar un Protocolo de Protección a Periodistas y Comunicadores para salvaguardar sus prerrogativas, para lo cual, el organismo se declara en sesión permanente y conjunta para materializar acciones concretas de capacitación y sensibilización para el irrestricto respeto a su labor.

La Codhem se pronuncia a favor del fortalecimiento de la participación ciudadana, las políticas públicas, gestión pública y gobernabilidad democrática para garantizar el acceso a la información pública y la rendición de cuentas; y ante el reto de lograr una efectiva reinserción social, conmina a las autoridades a fomentar una actitud crítica, actualizada, realista y sensata de las condiciones que imperan en el

sistema penitenciario, y trabajar en la certificación del personal sobre las reglas mínimas, para optimizarlo.

La Defensoría de Habitantes y académicos firmantes se pronuncian por el fomento de las capacidades y resiliencia humana de grupos en situación de vulnerabilidad, y la urgente atención a comunidades indígenas, cuya pervivencia depende de acciones concretas para preservar su aporte cultural, diversidad lingüística y cosmovisión.

En la “Segunda Declaratoria de Toluca”, también se exhorta al Estado Chileno para que la recuperación del Estado de Derecho y las libertades fundamentales, se realice con total apego a los estándares internacionales y nacionales que conminan a privilegiar la dignidad, la libertad, la justicia y la paz en el mundo.

El documento también es signado por los académicos e investigadores: Ricardo Zuluaga Gil, de la Universidad de Antioquía, Colombia; Ximena Gauché Marchetti, de la Universidad de Concepción, Chile; Héctor Domínguez Ruvalcaba, de la Universidad Texas en Austin, Estados Unidos; Isidro de los Santos Olivo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, de la Universidad Juárez Autónoma de Durango; Carolina León Bastos, de la Universidad Anáhuac Norte; Enrique Uribe Arzate, de la Universidad Autónoma del Estado de México; y María de los Ángeles Guzmán García, de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.