Propone Pepe Couttolenc cárcel a quien contamine el agua en Edomex
TOLUCA, Edomex., 29 de abril de 2026.- La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezada por el diputado José Alberto 'Pepe' Couttolenc Buentello, propuso una reforma para castigar con hasta 13 años y seis meses de prisión a quienes contaminen el agua destinada al consumo humano, especialmente donde viven los más pobres.
La iniciativa, presentada por la diputada Miriam Silva Mata, busca endurecer las sanciones contra quienes afecten el agua en hospitales, escuelas, centros de salud, guarderías, centros de reclusión o en comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad.
Golpe directo a la contaminación hídrica
La legisladora detalló que el proyecto legislativo plantea penas de tres a nueve años de prisión, además de multas que van de 300 a 3 mil unidades de medida y actualización (hasta 351 mil 930 pesos) para quien contamine agua destinada al uso o consumo humano.
Remarcó que el castigo se incrementaría hasta en una mitad —alcanzando los 13.5 años de cárcel— cuando se trate de agua destinada a sectores sensibles o cuando el delito se cometa con fines de lucro o en actividades industriales, comerciales o de servicios.
Sanciones más duras y sin evasión
Indicó que la iniciativa también contempla agravantes severos cuando se oculte información sobre la contaminación, se obstaculicen acciones de prevención o saneamiento y se retrase la atención de riesgos sanitarios.
Además, si la contaminación provoca lesiones o la muerte de personas, se aplicarán sanciones adicionales conforme a la ley penal.
Durante su intervención, la diputada Miriam Silva destacó que en municipios como Ecatepec ya se han promovido 19 amparos colectivos para exigir el derecho al agua y a la salud, y planteó que los municipios deben asumir responsabilidad e indemnizar a quienes resulten afectados por agua contaminada.
Responsabilidad directa de autoridades ambientales
Finalmente explicó que el proyecto incluye una modificación al Código para la Biodiversidad para obligar a la Secretaría del Medio Ambiente estatal a denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes cualquier caso de contaminación hídrica, fortaleciendo así la respuesta institucional.
