Van diputados contra abusos de grúas; buscan regular cobros excesivos
TOLUCA, Edomex., 29 de abril del 2026.- Diputados federales del Estado de México (EMX) han unido fuerzas para presentar una serie de reformas legales que buscan frenar las irregularidades cometidas por empresas de grúas y corralones en el país. Los legisladores Iván Millán, Emilio Manzanilla y Ricardo Mejía impulsan una iniciativa para modificar la vigente Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, enfocándose en eliminar los cobros desproporcionados que afectan a conductores de autos particulares y transportistas.
La propuesta principal contempla la creación de un nuevo organismo oficial dedicado exclusivamente a recibir y dar seguimiento a denuncias ciudadanas. Este ente estaría facultado para sancionar penalmente a los operadores de grúas y administradores de depósitos vehiculares que realicencobros indebidos, con esto, se pretende dar una herramienta jurídica real a los ciudadanos que actualmente están desprotegidos ante las tarifas arbitrarias.
Entre los puntos clave del proyecto destaca la implementación de un Tabulador Nacional de Precios Máximos. Según explicó el diputado Manzanilla, el objetivo es establecer costos claros y justos por los servicios de arrastre y resguardo, evitando la aparición de 'cobros fantasma', aunado a que se propone el uso de folios electrónicos y registros públicos digitales para garantizar que cada servicio esté debidamente documentado y sea transparente para el usuario.
Buscarán dotar de mayores herramientas jurídicas para la población
El legislador Iván Millán, representante de la zona de Amecameca, denunció que el problema se agrava por la colusión entre concesionarios privados y algunos malos elementos de las corporaciones policiales, al señalar que existe una red de corrupción donde se prioriza el beneficio económico sobre la aplicación de la ley, afectando gravemente la economía de las familias que dependen de sus vehículos para trabajar.
Como ejemplo de este fenómeno, documentó un caso ocurrido en la Región de los Volcanes, donde en menos de una hora se retuvieron 20 motocicletas. Mientras que la multa oficial apenas superaba los 170 pesos, el costo impuesto por el servicio de grúa ascendió a tres mil 500 pesos por unidad. Esta desproporción generó un ingreso de 70 mil pesos en un solo operativo, lo cual fue calificado por los diputados como un abuso inaceptable.
Actualmente, la iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados para su análisis técnico. Los legisladores aseguraron que se mantendrán atentos del proceso legislativo para asegurar que la reforma no se quede solo en un exhorto, sino que se convierta en una ley vigente que ponga fin a las prácticas delictivas en el sector del transporte.
