Rocha Moya: nadie sabía, nadie gobernaba

En toda crisis política existe una tentación conocida: convertir un problema de poder en la historia de un solo hombre. Si el escándalo puede atribuirse a un funcionario, a un operador o a un mando aislado, el sistema intenta quedar a salvo. La narrativa es útil, pero también peligrosa: cuando los hechos son demasiado grandes, la explicación del responsable solitario no tranquiliza; despierta una pregunta incómoda sobre quién sabía, quién permitió y quién dejó de gobernar.

La lógica es simple y por eso resulta tan atractiva para el poder: si el problema pertenece a una persona, la institución se presenta como víctima; si el error fue individual, el gobierno intenta quedar fuera de la responsabilidad política. Pero esa defensa tiene un límite. Cuando una crisis revela fallas de mando, vigilancia o control, culpar a uno solo deja de ser explicación y empieza a parecer coartada.

La historia está llena de ejemplos. Tras el asesinato de John F. Kennedy, la conclusión oficial señaló a Lee Harvey Oswald como único responsable. Independientemente de la discusión posterior, lo relevante es que el paradigma del actor solitario quedó instalado como una poderosa herramienta de explicación política.

México tampoco ha sido ajeno a esa fórmula. En distintos momentos, gobiernos y partidos han buscado aislar responsabilidades para impedir que la atención pública llegue a estructuras más amplias de poder. La llamada “Estafa Maestra” mostró el límite de esa estrategia: cuando el daño involucra dependencias, contratos, intermediarios y omisiones de control, no basta con señalar a quien ejecutó la operación; también debe explicarse por qué el sistema permitió que ocurriera.

La estrategia es conocida: sacrificar una pieza para proteger al conjunto. A corto plazo puede funcionar, porque reduce la presión mediática y contiene el daño político. Pero a largo plazo produce un efecto corrosivo: la ciudadanía aprende a desconfiar.

Con el tiempo aparecen documentos, testimonios, investigaciones periodísticas, procesos judiciales o simples contradicciones que ponen en duda la versión inicial. Lo que parecía una explicación definitiva comienza a mostrar grietas. Entonces no sólo cae la narrativa construida; también se deteriora la credibilidad de quienes la promovieron.

Eso ocurre porque la democracia depende de la confianza pública. Y la confianza se sostiene sobre la percepción de que las instituciones dicen la verdad, incluso cuando la verdad resulta incómoda.

En el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, la discusión pública ha girado alrededor de explicaciones según las cuales ciertas personas habrían actuado sin consultar a superiores ni a actores políticos relevantes. Más allá de lo que determinen las investigaciones, esa narrativa enfrenta un problema político inmediato: mientras mayor es el alcance de los hechos, más difícil resulta creer que todo ocurrió sin conocimiento, coordinación y mando.

La duda ciudadana surge de una observación elemental: los sistemas políticos funcionan mediante redes de decisiones, consultas, acuerdos e incentivos. Mientras más importante es una decisión, más difícil resulta para la opinión pública aceptar que nadie más sabía nada.

El riesgo para la democracia aparece cuando estas narrativas se vuelven una práctica habitual. Entonces los partidos en el poder y sus aliados terminan construyendo una realidad política artificial que puede sostenerse durante meses o incluso años, pero que eventualmente se enfrenta a los hechos.

Y cuando esa construcción se derrumba, el daño trasciende a los gobiernos involucrados. Lo que se rompe no es únicamente una versión de los hechos. Lo que se erosiona es la confianza en las instituciones.

Por eso la pregunta democrática no debería limitarse a si una persona actuó sola. La pregunta de fondo es si las instituciones están dispuestas a mostrar la información necesaria para que la ciudadanía sepa si realmente fue así. Sin esa transparencia, el “acto solitario” deja de ser una explicación y se convierte en una forma de administrar la duda.

La historia enseña que las crisis pasan, las versiones oficiales cambian y los gobiernos terminan. Lo que rara vez vuelve intacto es la confianza pública. Por eso la explicación del “acto solitario” no cierra la crisis; la prolonga. Si nadie sabía, alguien falló en preguntar. Si nadie vigilaba, alguien renunció a controlar. Y si nadie controlaba, entonces el problema ya no es sólo quién actuó, sino quién dejó de gobernar.

En política, la ignorancia no siempre absuelve; a veces condena. Decir que nadie ordenó no basta si nadie supervisó. El acto solitario no salva al poder: lo desnuda. Una autoridad que no ve, no pregunta y no controla no puede presentarse sólo como sorprendida por los hechos; también debe responder por las condiciones que los hicieron posibles. Culpar a un solo hombre puede parecer una salida, pero tal vez sea la confesión más grave: que donde debía haber gobierno, sólo había vacío.