VALLE DE MÉXICO, Méx., 23 de noviembre del 2016.- Aunque en Latinoamérica a las niñas víctimas de violación se les obliga a ser madres, es necesario cambiar esos roles y obligar a las autoridades y a la sociedad a acatar la norma 046, que establece que las víctimas de agresión sexual que llegarán a quedar embarazadas, puedan interrumpir el embarazo, aún sin levantar una denuncia.

Lo anterior se estableció en la conferencia “Niñas, No Madres”, en donde Regina Tamés, Presidenta del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que en México, de enero del 2009 a Junio del 2016, 28 mil 252 niñas  menores de 15 años, han denunciado haber sido víctimas de violación sexual, y sólo a 8.5  es decir dos mil 419, se les ofreció anticoncepción de emergencia, quedando un 88 por ciento de niñas con riesgo de embarazo.

Pese a ello, el problema es más grave, ya que de acuerdo con información de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se denuncia menos del diez por ciento de las agresiones sexuales que se conocen.

“El embarazo y la maternidad forzada, ponen en riesgo la vida de las niñas, ya que enfrentan afectaciones en su salud física, mental y en su proyecto de vida, afirmó Juliana Cano de la Oficina regional para las Américas de  Amnistía Internacional, coincidiendo con las organizaciones Clacai, GIRE, y Planned Parenthood Global, quienes en el marco internacional de día de la No Violencia contra la Mujer, lanzaron la campaña Niñas, No Madres, que se puede consultar en la página web http://niñas nómadas.org.

Juliana Cano, junto con la Peruana Julissa Mantilla, señalaron que en América Latina, 40 por ciento de las adolescentes, ha sido abusada sexualmente, vulnerando los derechos humanos de las niñas víctimas de violación, ya que son obligadas a continuar sus embarazos resaltando el abuso a sus derechos.

Regina Tamés, señaló que en México las instituciones de salud, como el Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadora del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Salud, son quienes más se han negado a aplicar la norma 046, vigente desde el mes de marzo de este año; ya que de acuerdo al informe de Violencia sin Interrupción, dieron como respuesta que en sus hospitales no se realiza ningún aborto.

Ante la negativa para cumplir con la norma 046, para realizar la interrupción del embarazo a víctimas de violencia sexual sin que se interpongan denuncias, la organización GIRE, lleva 19 juicios administrativos y ha solicitado la misma cantidad de amparos que los jueces marcan en “sobreseimiento”, sin dar una respuesta favorable a las víctimas.

Señaló que tanto las autoridades ejecutivas como judiciales además de caer en una omisión, están estigmatizando el aborto y discriminado a las mujeres víctimas de la violencia impidiendo decidan la interrupción del embarazo no deseado, porque no se ha dado una respuesta favorable a ninguna de los casos.

Se informó que en Guatemala cinco niñas menores de 14 años resultaron embarazadas cada día, en Perú cuatro niñas se convierten en madres al día, y sólo en el año de 2014 mil 963 niñas tuvieron un parto, en Nicaragua ocho de cada 10 mujeres víctimas de la violencia sexual son niñas menores de 13 años, lo que es indicativo del grave problema de salud pública en América Latina.

Afirmaron que: “forzar a una niña a convertirse en madre tiene consecuencias graves para su vida, pues trunca su proyecto de vida, hay un parteaguas en la estructura familiar que golpea su economía y las condiciones sociales de la niña y su hijo o hija, todo ello haciendo probable que sí se encontraba en una situación de pobreza, permanezca en ella hasta la siguiente generación.

Hicieron un llamado a las autoridades para evitar que más niñas y adolescentes sean madres, por lo que se exhortó a las familias para tomar los cuidados para evitar que las pequeñas sean víctimas de violencia sexual, orientándolas además de prepararlas a iniciar su vida sexual a una edad adecuada y con las precauciones necesarias para evitar embarazos no deseados.