Destaca Jennifer González urgencia de regular centros de rehabilitación
TOLUCA, Edomex., 3 de noviembre de 2026.– La diputada Jennifer Nathalie González López, presidenta de la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social del Congreso mexiquense, destacó la importancia de fortalecer la regulación de los centros privados de rehabilitación de adicciones, al participar en el análisis de una iniciativa que busca profesionalizar los servicios que ofrecen estos establecimientos y garantizar una atención digna a las personas usuarias.
Durante la reunión de trabajo, celebrada en modalidad mixta, la legisladora condujo el análisis de la propuesta presentada por la diputada Susana Estrada Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien planteó otorgar facultades al Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones para certificar a los responsables de los centros privados de tratamiento.
Jennifer González plantea armonizar la legislación
En su intervención, González López reconoció la relevancia de la propuesta y explicó que resulta necesario armonizar su contenido con la nueva Ley de Salud del Estado de México (EMX), expedida mediante el Decreto 309, debido a que diversas disposiciones relacionadas con la supervisión, vigilancia y capacitación de los centros de rehabilitación ya se encuentran contempladas en el marco jurídico vigente.
La presidenta de la comisión precisó que uno de los aspectos que todavía requieren atención es la certificación individual de quienes dirigen los servicios de rehabilitación, pues actualmente la legislación contempla la regulación de los establecimientos, pero no establece expresamente este mecanismo para sus responsables.
También señaló la importancia de revisar los artículos 184 y 185 de la Ley de Salud estatal, particularmente en lo relacionado con la integración de un padrón de responsables por municipio y modelo de atención, así como la posibilidad de establecer mecanismos de apoyo para los establecimientos que cumplan con los requisitos de certificación.
Pide seguimiento a la aplicación de la nueva ley
Como parte de sus aportaciones, Jennifer González propuso solicitar, por conducto de los órganos correspondientes del Congreso, información a las autoridades sanitarias sobre los avances en la implementación de la nueva legislación y la elaboración de sus disposiciones reglamentarias, cuyo plazo se extiende hasta febrero de 2027.
Asimismo, planteó la conveniencia de que las autoridades responsables de salud mental y adicciones comparezcan ante la comisión para explicar los trabajos que realizan en prevención, tratamiento, reinserción social, capacitación y atención con perspectiva de género.
La legisladora consideró que esta información permitirá conocer las necesidades operativas de las instituciones y contar con mayores argumentos para gestionar recursos presupuestales destinados a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de atención a las adicciones.
Buscan proteger a pacientes y familias
Por su parte, Susana Estrada Rojas explicó que su iniciativa pretende establecer mecanismos de certificación para los responsables de centros privados de rehabilitación, conocidos comúnmente como anexos o granjas, con el objetivo de evitar prácticas que puedan vulnerar la integridad y los derechos de las personas usuarias.
La propuesta contempla capacitación permanente, un padrón actualizado de responsables y la posibilidad de acceder a apoyos públicos y privados conforme a las reglas correspondientes. También establece un periodo inicial de certificación voluntaria durante el primer año, antes de que el requisito adquiera carácter obligatorio.
Durante la exposición se destacó que, de acuerdo con las cifras presentadas por la promovente, durante 2025 los centros comunitarios de salud mental y adicciones atendieron 9 mil 241 casos en el Estado de México (EMX), con una importante demanda en municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Con la participación de Jennifer González López, la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar Social avanzó en el análisis de los alcances jurídicos de la iniciativa, con énfasis en evitar duplicidades, fortalecer la aplicación de la nueva legislación sanitaria y garantizar que los servicios de rehabilitación se desarrollen bajo criterios profesionales y de respeto a los derechos humanos.
