La fiscalización que absolvió al sexenio de Peña
Si hubo un periodo que exigía una auditoría implacable, ese fue el sexenio de Peña Nieto por consigna política, sino por la acumulación inédita de escándalos, observaciones recurrentes, señalamientos internacionales y un consenso social claro, fue uno de los gobiernos más opacos y cuestionados en el uso de recursos públicos. Sin embargo, ese ajuste de cuentas institucional nunca llegó.
Bajo la gestión de Colmenares en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) optó por una ruta que hoy es ampliamente criticada: auditar sin incomodar, revisar sin cerrar y observar sin sancionar. El resultado fue una fiscalización extensa en papel, pero inofensiva en la práctica.
Los grandes expedientes del peñismo quedaron atrapados en un limbo administrativo. Se documentaron irregularidades, se acumularon observaciones y se redactaron informes voluminosos, pero el mensaje institucional fue claro: no habría una revisión a fondo que marcara un antes y un después. No hubo quiebre, no hubo precedente y no hubo cierre histórico.
Columnistas y especialistas han señalado que no se trató de una limitación legal. La ASF contaba, y cuenta, con herramientas suficientes para integrar denuncias robustas, dar seguimiento real y empujar responsabilidades hasta donde la ley lo permite. La contención fue una decisión, no una imposición normativa.
La narrativa oficial insistió en la prudencia, el debido proceso y la no politización de la fiscalización. En los hechos, esa prudencia se tradujo en parálisis. La ASF se convirtió en un órgano extremadamente cuidadoso cuando se trataba de revisar al pasado reciente, especialmente a un sexenio cuya revisión profunda habría tenido efectos políticos inevitables.
El contraste con el discurso público es brutal. Mientras se hablaba de combatir la corrupción estructural, el principal órgano de fiscalización del país parecía decidido a no tocar los cimientos de uno de los gobiernos más señalados por prácticas irregulares. La corrupción se describía, pero no se perseguía con contundencia institucional.
A ello se sumó una gestión interna cerrada, con un equipo que privilegió la estabilidad y la obediencia al riesgo y la confrontación técnica. La ASF dejó de ser impredecible para el poder y se volvió administrativamente correcta, políticamente neutral y estratégicamente irrelevante.
El saldo es grave. El sexenio de Peña Nieto pasó por la fiscalización superior sin una revisión proporcional a su legado de escándalos. La oportunidad de enviar un mensaje institucional de ruptura se perdió. Y con ello, la ASF perdió algo más valioso que un debate mediático: perdió autoridad.
Hoy, la crítica ya no es ideológica. Es funcional. Una auditoría que no incomoda al poder del pasado ni al del presente deja de ser contrapeso. Se convierte en archivo. Y un país con memoria archivada está condenado a repetir sus peores prácticas.
